Por: Ali Pacheco

La pequeña puerta negra del “Penal Neza Bordo” se abre lentamente, el paisaje grisáceo de las paredes se opaca cuando un vestido color rosa mexicano se asoma fuera del centro penitenciario, es Virginia Silvestre, quien con paso firme y una bolsa de plástico con sus pertenencias camina hacia sus familiares, quienes la esperan eufóricos al otro lado de la reja, el rechinido de esta se desvanece entre aplausos y el llanto de la madre de Virginia, quien con ese amor de madre abraza a su hija tras 16 años recluida por un delito que no cometió.

Virginia, de origen humilde e indígena mazahua, pasó 16 años presa en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca acusada de haber asesinado a su nieta, pasaría 43 años en la cárcel por el delito de homicidio en grado de parentesco. 

En el caso de Virginia no hubo una valoración debida de pruebas. El Ministerio Público acusó a Virginia de provocar la muerte de su nieta al golpearla y azotarla cinco veces contra el piso por haber tirado una olla con caldo de pollo. Sin embargo, el análisis forense señalaba que la pequeña no presentaba golpes en el cuerpo, sólo una lesión en la cabeza que correspondía a una caída, evento que le había causado la muerte. 

Cuando fue procesada, en 2006, Virginia no hablaba español, no sabía leer ni escribir y la obligaron a firmar una declaración condenatoria. Años después se acreditó que esa declaración fue obtenida bajo tortura. 

La familia de Virginia no tenía los recursos económicos para pagar un abogado, por ello el Estado le asignó un defensor de oficio, quien desistió de todas las pruebas y pidió que se resolviera la sentencia de manera inmediata. El sistema judicial mexicano había sentenciado que Virginia pasaría la mitad de su vida en la sobrepoblada, precaria e inhumana cárcel mexicana.

En México, una práctica común es la violación de los derechos humano de las personas pobres que han sido detenidas y enfrentan un proceso jurídico por delitos que quizás fueron fabricados y no cometieron. En muchas ocasiones permanecen recluidas varios años sin un abogado o sentencia. 

Hasta septiembre de 2021, según datos oficiales, en el país hay 220,000 personas en las cárceles, el 43 % no tiene sentencia.

El caso de Virginia ejemplifica el de miles de indígenas en el país. Según el INEGI, hasta 2021, 7,011 personas de pueblos originarios están en prisión. El 85,2% de ellas (casi 6,000) no tuvo acceso a un intérprete. El 99% de estos detenidos termina en prisión preventiva. Es decir, que prácticamente todos los indígenas arrestados pasan su proceso en la cárcel sin ser sentenciados.

Virginia Silvestre no pasó un día más en prisión tras una solicitud de amnistía y un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), organismo que determinó que el caso debía ser minuciosamente revisado con perspectiva de género y de derechos humanos pues la realidad de Virginia al momento de su detención, las acciones y las omisiones de las autoridades, así como la sentencia, fueron causa de la pérdida de su libertad, por firmar una declaración que no entendió, que no pudo leer y que no le fue explicada. 

Virginia salió libre el pasado 6 de abril. 

Punto y aparte

El próximo 10 de abril, las y los mexicanos estamos llamados a las urnas para votar en la Revocación de Mandato. 

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