Por: Dante Álvarez

El 14 de septiembre de este año, fue publicado en el periódico oficial, una serie de beneficios fiscales a concesionarios transportistas, por motivo del covid-19. Los cuales incluyen subsidios de hasta el 100 % en pagos de tenencia, cambio de vigencia de concesiones, adeudos entre otros. Cabe señalar que estas condonaciones de impuestos ya habían sido publicadas con anterioridad en abril del 2017, durante la administración de Eruviel Ávila, y no por causa del covid-19, sino bajo el argumento de que el Estado de México debe contar con “transporte público seguro, eficiente, sustentable con el medio ambiente y de calidad”. Que hasta la fecha no se ha cumplido.

Y fue también durante la administración de Eruviel Ávila que en el 2016 se entregaron recursos económicos a transportistas para la renovación de unidades, además las alzas a las tarifas de 2013, 2017 y 2020 que han hecho que el estado de México tenga una de las tarifas más altas a nivel nacional. Estas alzas siempre con las promesas incumplidas de renovación de unidades e instalación de tecnología como cámaras de seguridad que los transportistas se niegan a instalar, en la entidad con mayores cifras de delitos en el transporte público a nivel nacional.

El actual secretario de Movilidad Raymundo Martínez, argumenta que estos beneficios no son un “apapacho” más a los transportistas como tituló un medio, sino “una forma de incentivar la regularización de dicho sector”, que según los datos antes mencionados, y las cifras del último informe de gobierno del gobernador, pareciera no estar funcionado ya que menos del 35% unidades de transporte circulan bajo la norma de no más de 10 años de antigüedad, y es el 10% las que cumplen con el kit de seguridad en norma desde el 2013.

Además que “regularizar” significa para el secretario, renovar vigencia de concesiones del modelo hombre/camión, es decir postergar por 10 años más la “guerra del centavo” con las externalidades que implica, como el tráfico, la contaminación, lesionados y muertes por siniestros viales. Todo eso en lugar de estructurar gradualmente la movilidad, en corredores urbanos “calle completa” en las principales áreas urbanas del estado.

A todo esto habría que sumar la iniciativa que envió el gobernador Alfredo del Mazo de fusionar varias secretarías con repercusiones urbanas, como es el caso de la de Desarrollo urbano con la de Obra Pública, o la Secretaría de Comunicaciones con la Secretaría de movilidad, la cual actualmente funge como una mera gerencia de los intereses de los transportistas ante el gobierno.

La fusión de estas instancias que en algún momento fueron una sola conocida como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podría servir para que exista una congruencia en cuanto a inversión en infraestructura hacia una movilidad intermodal que contemple la movilidad peatonal y ciclista, el transporte de mediana capacidad y transporte público masivo; este último en el que el área metropolitana de Toluca tiene un rezago nacional no solo frente ciudades más grandes, sino con ciudades más pequeñas como León, Querétaro o Pachuca.

Sigue pendiente la promesa del grupo parlamentario de Morena, sobre las tarifas preferenciales para estudiantes y personas de la tercera edad, y, de mayores inversiones en el siguiente ejercicio presupuestario etiquetadas, no para entregar recursos al barril sin fondo que es el pulpo camionero (entiende Nazario ¡no!), sino a infraestructura de transporte público masivo y ciclovías que serán un verdadero cambio estructural en la movilidad y en el que seguirá presionado la sociedad civil organizada.