Columna: Apuntes sobre filosofía del Derecho

Por Outis Polifemo

En días pasados, el Congreso de Estados Unidos presentó el informe México: Organizaciones del Crimen Organizado y el Narcotráfico, en el que mostró su preocupación por el avance y fuerza de los cárteles mexicanos, y las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. El informe mapea de manera rigurosa los estados que dominan al menos 12 cárteles y que operan, casi en su totalidad y de forma impune, dentro del territorio mexicano sin que las autoridades mexicanas puedan o tengan la voluntad de hacer algo al respecto.

Dicho informe señala también que entre el 35 y 40 por ciento del territorio mexicano es controlado por “empresas criminales”. Los casos más recientes que confirman esta situación son el de San Cristóbal de las Casas, donde un grupo armado mantuvo aterrorizada a la población por más de cuatro horas en una balacera sin que fuerza pública alguna se presentara y le hiciera frente para detener tales actos. Y el de los dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara de Chihuahua junto a un civil asesinados dentro de una iglesia por miembros del crimen organizado de dicha zona.

El presente artículo es un análisis estructural que responde a las causas del estado excepción[1] de facto que, por la durabilidad temporal, se está volviendo norma en México y que vincula, sobre todo al sistema económico, la ideología neoliberal y la explotación salvaje de las potencias mundiales como causantes de dicho problema. 

Cómo comprender el devalúo del Estado

En marzo de 1963, el jurista alemán Carl Schmitt declaraba en el prólogo a su libro El concepto de lo político (1932) que el Estado, como se concibió y formó a lo largo de los siglos de la ilustración europea, quedaba destronado, y su monopolio de la decisión política había llegado a su fin.[2] Dicho prólogo fue realizado a la par del nacimiento de un sistema económico reforzado —en teoría y práctica— por el desarrollo de la globalización. Más de un siglo antes, en 1848, Carl Marx y F. Engels habían denunciado la servidumbre que el sistema económico impondría sobre los Estados-Nación: “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.[3] Por burguesía se comprendía a la clase de los dueños de los medios de producción que emplean el trabajo asalariado.

En México, luego de la fulminante elección presidencial que colocó a López Obrador como mandatario del país, el EZLN daría en un comunicado de 2018 la confirmación de lo que los dos teóricos alemanes afirmaron tiempo atrás: “Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo”.[4]

La razón de estas tres afirmaciones, aunque antitéticas en sus ideas políticas y filosóficas, es que las tres convergen y se complementan para definir la situación actual de los Estados-nación como administradores-vasallos del sistema económico e incapaces de tutelar los derechos humanos de sus habitantes. Es decir, con el advenimiento del liberalismo —fundado en la teoría de los contractualistas franceses Hobbes, Locke y Rousseau, y coronado con La riqueza de las naciones del escoces Adam Smith— las potestades del Estado quedaron reducidas a las de mero administrador, y el único negocio que podrían operar la mayoría de los gobiernos es el que afirma Max Weber: “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el ‘territorio’ es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima“.[5]

Dicho monopolio de la violencia legal operado por el Estado, en el que se funda la seguridad y la soberanía de una nación, ha sido tomado por el poder empresarial y la delincuencia organizada. La causa principal es que la fuerza pública del ejército y las corporaciones policiacas fueron superadas hace tiempo  no necesariamente en poder armamentístico, sino en su capacidad operativa al detentar territorio, población y estructura organizativa (las tres características del Estado); además de apropiarse de la función principal que el gobierno traspasó forzosamente al sistema económico: la generación de riqueza.

Con el advenimiento del neoliberalismo, que esencialmente es una faceta del capitalismo, los tratados de libre comercio en el proceso de globalización llevaron al extremo el precepto laissez faire, laissez passer (dejen hacer, dejen pasar), refiriéndose a una extrema libertad en la economía privada con bajos o nulos impuestos y la mínima intervención de los gobiernos. Esto desembocó en la optimización de la explotación de recursos naturales y seres humanos. La Segunda Guerra Mundial sería la cereza del pastel al erigir un nuevo orden internacional, después de que la barbarie nazi (los hornos de exterminio) reanudó la violencia pura, que ya no buscaba la dominación del otro sino su completa aniquilación.

Por esta razón, se puede entender que el tráfico masivo de armas tuviera un apogeo en las décadas siguientes y se convirtiera en el negocio perfecto para políticos-empresarios con intereses económicos en las diferentes regiones del planeta, y donde los Estados Unidos auspiciaban guerras para apoderarse de una región explotable, mientras vendían armas al mejor postor.

En este contexto debemos entender la situación de México y la de muchas repúblicas  que se fundaron bajo los preceptos liberales de la Revolución Francesa, y que las derechas latinoamericanas (de donde nacieron los peores dictadores latinoamericanos) absorbieron; principalmente porque las izquierdas tradicionales marxistas-leninistas (antifascistas y anti imperialistas) —y especialmente el pensamiento decolonial— regalaron a los partidos conservadores de derecha la herencia de la ilustración; por ésta razón, el Estado ilustrado fue interpretado como el brazo político del capitalismo, y no como un mecanismo que debería combatir fenómenos como la violación de los Derechos Humanos, o poner al sistema económico vigente (con sus daños colaterales como el racismo, la explotación y la discriminación) en Estado de Derecho. Y, finalmente, no entendieron que las luchas sociales son, en última instancia, luchas por el derecho a tener derechos.

Por lo anterior, también se explica la degeneración de las fuerzas políticas en México: nacieron de la Revolución mexicana (movimiento eminentemente violento) y se institucionalizaron en la figura de un solo partido político, que pasó de una militancia obligatoria republicana a una oligarquía tecnócrata y mediática. Además, esta oligarquía, resultado de la revolución[6], provocó momentos crudísimos en la historia mexicana como la Guerra cristera, la Guerra sucia, la Masacre del 68 y el nacimiento del narcotráfico en forma de empresa. Todos estos identificados como momentos de excepcionalidad; en el caso de la Revolución mexicana, un poder constituyente —revolucionario—[7] creó la ley y la impuso por la fuerza durante un estado de excepción de facto. Este mismo estado es el que provoca el narcotráfico, donde se violan flagrantemente los derechos humanos porque no existe poder que los tutele o proteja en dicho momento; mientras que tales eventos son realizados desde el dominio de territorio específico y población civil (pasiva y activa). Pero, además, con una logística sumamente eficaz. 

Los mismos partidos políticos que han protagonizado el advenimiento de esta guerra del narcotráfico son los principales causantes del recrudecimiento de la violencia en el país, porque el crimen organizado se ha introducido en las esferas gubernamentales, lugares donde la corrupción es tópico principal de los políticos mexicanos, que juegan a gobernar mientras se enriquecen ilícitamente.  Esta aporía filosófica de la búsqueda de la paz social por medio de la violencia no es propia de una región, sino la realidad de muchos Estados-Nación. En México se ejemplifica claramente en la guerra contra el narco iniciada en 2006 y se desarrolla de manera única por el nacimiento de estos poderes paraestatales que muchas veces emulan en capacidad y características al Estado mexicano.

La corrupción es el principal factor de debilitamiento, (después del sistema económico) de la entidad política, que debe describirse como un resultado de la ley de la oferta y la demanda del sistema capitalista. Dicha ley atraviesa y condiciona la vida de los seres humanos al imponer el deseo de poder adquisitivo de las personas, un aspiracionismo perpetuo (desear el deseo) como símbolo de plenitud; esto es, que el sistema económico debe provocar demanda para que pueda seguir existiendo y dicha demanda consiste en la implantación de creencias de necesidad y consumo exacerbado, mejor conocidas como enajenación. El materialismo histórico describe las diferentes formas de enajenación que el sistema infringe sobre la mentalidad humana. Básicamente, afirma que el sistema económico define, configura y planifica los valores, leyes y modus vivendi de las comunidades humanas.[8]

Por lo que la clase política mexicana, materializada en tecnócratas aspiracionistas, se ha vuelto, además de política, empresarial, es decir que mientras duran sus administraciones, promueven beneficios para sus negocios particulares y muchas de estas empresas son protegidas y promovidas por el manto del narcotraficante.

De hecho, a partir de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, activistas, académicos, periodistas y disidentes han clasificado al Estado mexicano como un narcoestado.

En este sentido, se afirma que la protección de los derechos humanos desde la concepción de derechos fundamentales del jurista Luigi Ferrajoli, en la que el estatus, es decir, la condición que debe tener o aparentar un ser humano (como la ciudadanía), radica en el nivel del poder adquisitivo. Dicho poder lo privilegia y enmarca en un contexto diferente al de una persona pobre, indígena, o de cualquier grupo vulnerable sin las etiquetas de ciudadano, y sobre todo de ser humano. Por eso, las comunidades marginadas son las principales afectadas por la violencia, la delincuencia y la adicción a las drogas, todos estos casos bajo la mirada del gobierno.

Contexto de México ante la vulneración de un derecho fundamental

La vida es el primero de todos los derechos humanos; se reconoce en el primer artículo de la Constitución Mexicana como parte de los derechos humanos de primera generación reconocidos en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Y, aunque suene especialmente a tecnicismo, indica que toda vida humana debe preservarse porque es una base lógica para que en automático deban aparecer todos los demás derechos humanos o fundamentales, de primera o segunda generación.

En México, al igual que en muchos otros países, este derecho, como afirma Giorgio Agamben, se ha desvanecido por causa de un estado de excepción, en el cual, cualquier particular puede dar muerte a otro particular.[9] Esto significa que la capacidad operativa del Estado en la prevención del delito, así como su castigo y la procuración de justicia pronta y expedita se han vuelto tan solo una propaganda estatal que en ninguna circunstancia es posible llevar a cabo.

Este derecho se interpreta en dos sentidos:

a) Como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones.

b) Como una limitación al actuar de los particulares, para que ninguna persona prive de la vida a otra.

Cada uno de estos dos sentidos se refiere a los poderes o individuos que históricamente han perpetrado esta violación del derecho a la vida; y así lo demuestran las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que, hasta este 17 de junio informa que existen en México 100 mil, 368 personas desaparecidas y no localizadas[10], y sobre todo, el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre su visita a México que realizó en 2021, donde se encontraban registradas 95, 121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité.

Por lo que el comité explicó en el inciso A del Contexto y tendencias observadas en torno al fenómeno de las desapariciones en México que:

Según la información brindada al Comité, entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98 % tuvo lugar en dicho período. Estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que se produjo durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) durante el que se puso en práctica una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública, que se mantuvo e incluso se ha agudizado en los siguientes sexenios. De este modo, si en la segunda mitad del siglo pasado las desapariciones se caracterizaron por ser principalmente mecanismos de represión política cometidas por agentes del gobierno y las fuerzas armadas, cuyas víctimas eran mayoritariamente grupos sociales de oposición, a partir de 2006 las desapariciones reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas.[11]

El contexto de la desaparición forzada debe entenderse en una estructura que implica la ejecución de diferentes delitos como la privación de la libertad, el tráfico de órganos, la esclavitud sexual, el trato cruel e inhumano y finalmente el homicidio. Así lo afirma, por ejemplo, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en el norte de México. Este ha denunciado el descubrimiento de centros de exterminio humano directamente asociados con la desaparición de personas, porque se han encontrado en dichos lugares centenares de restos óseos.

Además, la mención del incremento del 98 por ciento de las desapariciones a partir de la supuesta guerra contra el narcotráfico, materializado con el “despliegue de las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública”, es el claro ejemplo de que la potestad del monopolio legal de la violencia descrito por Weber tiene ahora un competidor visible y poderoso clasificado como crimen organizado y mejor conocido como narco.

Este nuevo perpetrador que ha “sustituido” supuestamente al Estado en sus mecanismos de represión política, cometidos por agentes del gobierno y las fuerzas armadas, es un ejemplo de cómo “la empresa” —como firma el narco en algunos de los homicidios que ejecuta— es el nuevo verdugo de los opositores (dígase competidores del mercado de las drogas y fuerza pública), sin dejar de mencionar a periodistas, a la mujer como cuerpo cosificado y a la población civil atravesada por el fuego cruzado.

Se dice supuesto sustituto Estado porque, como se mencionó, a partir de 2014 con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa se denunció desde la oposición del partido hegemónico —mediáticamente en los noticieros y desde la opinión pública— al narco dentro de las élites políticas, así como al político dentro de las élites empresariales. Y es que se conforma un círculo que vincula y confunde a empresarios, políticos y delincuentes, como lo afirma el periodista Miguel A. Alvarado cuando menciona a las compañías mineras canadienses que explotan el cinturón de oro de las zonas colindantes del Estado de México con Guerrero:

Iguala y Ayotzinapa son parte del “cinturón de oro”, una zona fuertemente explotada por la minería extractiva —especialmente canadiense—, que asola los territorios. ‘Todo lo que hay en ese terreno desaparece, sea población, vestigio arqueológico, zona ecológica protegida…’. En México el narcotráfico trabaja como fuerza paramilitar de la mano de esas empresas extractoras. Lo más seguro es que una parte de la población que se encuentra en el radio de las mineras sea desplazada o asesinada por estos grupos paramilitares contratados por las empresas.[12]

De esta forma podemos entender que el narco comenzó como una empresa ilegal para convertirse en un monopolio que compite con las fuerzas públicas del país y detenta su poderío al poseer territorio, población y estructura, elementos que conforman un Estado, así lo afirma el mencionado informe México: Organizaciones del Crimen Organizado y el Narcotráfico. En el texto se señala el dominio o presencia de 12 cárteles y la pugna entre ellos y nuevas organizaciones que también pelean encarnizadamente el territorio mexicano.[13]

Este informe solo confirma lo que la sociedad mexicana ya sabe dese hace años: el poderío del narco es, en muchos lugares del país, insuperable, y su dominio irresistible a la población, que es absorbida de diferentes formas, ya sea como consumidores (adictos en estado de interdicción, fuente económica primaria) o como militantes (sicarios que trabajan en nombre de una empresa criminal).

Y así, como en los viejos dichos revolucionarios, patria o muerte es el lema de la empresa criminal; lema eminentemente ideológico que mezcla crimen con empresa, el negocio perfecto legitimado en la cultura popular, pues desde hace años impone la figura del narcotraficante como la de un líder mesiánico asesino que ayuda a los que estén de su lado y elimina a los que los oprimen. Siendo esto un fenómeno clásico ya explicado por el materialismo histórico y por infinidad de sociólogos que ven cómo el sistema neoliberal es el perpetrador principal de dichas problemáticas sociales.

Las diferentes denuncias a lo largo y ancho del país sirven también para confirmar la supremacía del narco sobre el Estado; por ejemplo, las denuncias de los pobladores de Luvianos.

Llevamos meses de vivir toque de queda, en las noches no podemos salir de nuestras casas porque nos matan […]. Vivimos en un estado de sitio permanente. No tenemos derecho a nada, ni a nuestra vida. En el momento que se les antoja matarnos nos matan […]. ¿Y el Estado qué hace? ¿Dónde está? ¿Por qué nos abandona? […]. Hace como dos meses entró el ejército, pero como llegó se fue…[14]

Según Carl Schmitt, soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Durante la pandemia, los gobiernos de algunos países dictaron toque de queda, por el cual se limitaron o desaparecieron ciertos derechos como el libre tránsito o el acceso a la salud, por mencionar algunos. En el estado de sitio que mencionan los pobladores de Luvianos, ejercido por el poder del narco, se vulneran más derechos de los que han sido vulnerados por el gobierno durante la pandemia por covid-19; siendo esto último una demostración de la superioridad del crimen organizado sobre la del Estado.

Con lo anterior, podemos concluir que la protección de los derechos humanos, su declaración y desarrollo teórico, a lo largo de siglos y en décadas más recientes, no deja de ser una simulación. Y podemos afirmar que el pensamiento hegemónico discriminatorio y misógino dirigido contra los estratos de la sociedad que describió Aristóteles en su Política, como los esclavos y la mujer, excluidos por más de dos mil años del ámbito político, así como todo aquel que no fuera ciudadano, ha sobrevivido hasta después de nuestra independencia en 1810, y a principios del siglo XX con el advenimiento de las sufragistas inglesas.

En ese sentido, no es para nada sorprendente decir que el Estado no pueda llegar a tutelar ningún derecho si en primera instancia está dominado por empresarios y narcopolíticos que lo tienen en sus bolsillos, junto a intereses sumamente redituables y que se asocian para llevar a cabo el precepto smittiano de “máximo beneficio” a costa de los recursos que deban extraerse y de las vidas que sean necesarias tomar.

Debemos afirmar también que la esclavitud no fue abolida nunca (salvo en documentos), pues el ser humano, al menos en este siglo, sigue estando desnudo frente a las fuerzas que lo oprimen. Asimismo, el discurso sobre la Dialéctica del amo y el esclavo de Hegel demostró que para que exista dominación por parte de uno (Estado, empresa o narco), deberá sufrir y claudicar a su libertad otro, ya sea por miedo o por supuesta libertad; no ya como contrato social, sino por el pleno ejercicio del poder de una entidad sobre las mentes de los pobladores.

En este caso, el narco poco a poco gana más terreno por el poder adquisitivo que le genera la adicción de cuerpos dóciles a las drogas químicas que oferta, y que millones de pobladores de esta nación y de otras naciones desarrolladas demandan. Por lo que se pueble hablar de una doble enajenación, la sociológica y la fisiológica, que prácticamente se reconocen como la pérdida de la voluntad del ser humano.

Así mismo, el comercio de seres humanos, la explotación sexual y el tráfico de órganos son facetas de una misma causa: la cosificación de los cuerpos. Es decir, la transformación del ser humano en mercancía, atravesando incluso diferentes espacios geográficos. En cuanto a la explotación de las pulsiones libidinales (sexualidad) en el entorno mediático, se genera en mayor medida la demanda de cuerpos de todas las edades y para todo tipo de trabajos atroces o sexuales y utilidades. Ya sea dentro del entorno familiar o educativo, la explotación de la libido se “subsidia” con el poder adquisitivo que generan los valores y normas del derecho de un país como México.

Siendo esta la conclusión más alarmante, pero igualmente valiosa: nuestro sistema político y de derecho, así como el universo de valores, está fundado en un sistema económico que declara natural el egoísmo y la ineptitud para ser solidariosmo empáticos con los demás, y luego rellenarnos de estulticia enajenante por defender derechos como la propiedad y el consumo exacerbado de basura.

Es decir, estar condicionados a consumir basura y generar más basura, sin que podamos despertar de este sueño llamado sistema neoliberal capitalista. Más vale decir que las violaciones a los derechos humanos nunca dejarán de perpetuarse si no se comienza a desmontar a conciencia y de manera práctica este sistema; así como aceptar algo que para los abogados sería inconcebible que implica reeducar nuestras conciencias y que podría tirar a la basura cientos de miles de carreras dedicadas a la administración de la propiedad privada: la muerte del estado de derecho.

Bibliografía


Notas

[1] El artículo 29 de la Constitución Federal establece la suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías. Este artículo previene que la restricción o suspensión sólo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Esto finalmente es decidido únicamente por el Presidente y aprobado Congreso de la Unión. Por lo que analizaré si son estas autoridades las únicas con dicha potestad.

[2] Carl Schmitt, El concepto de lo político, España, Alianza, 2009, p. 40.

[3]  Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista y Principios de comunismo, México, Fondo de Cultura Popular de México, 1962, p. 47.

[4] Enlace zapatista. “Invitación a foro, el México de arriba frente al México de abajo y a la izquierda, después del 1 de julio”, México. Consultado el 18 de junio de 2022 en: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/07/24/invitacion-a-foro-el-mexico-de-arriba-frente-al-mexico-de-abajo-y-a-la-izquierda-despues-del-1-de-julio/

[5]Max Weber, El político y el científico, México, Éxodo, 2015, p. 14.

[6] La revolución es vista por el Dr. Cipriano Gómez en su Teoría general del proceso como una figura autotutelar (forma de solución de la conflictiva de intereses) en la que se da la modificación violenta de los fundamentos constitucionales de un Estado y por rebasar el orden normativo es metajurídica y si esta triunfa se crea un nuevo orden estatal y si fracasa, los participantes en ella son considerados como simples delincuentes.

[7] “ El origen formal de una Constitución es un órgano o reunión de varias personas que juntan sus criterios para establecer los fundamentos políticos mínimos de un Estado, al cual se le denomina Poder Constituyente. […]el poder constituyente originario es cronológicamente anterior, no está sujeto a ninguna regulación ni restricción, sino solo a las decisiones que tomen sus integrantes. De ahí también se deriva la supremacía de ese poder, ya que determina a los otros poderes que crea, es decir, a los poderes constituidos…” Joaquín Ordóñez, Teoría constitucional, Méxco, Ed. Flores, 2019, P.p. 129,130.

[8] Por Materialismo histórico debemos entender al canon de interpretación histórica propuesta por Karl Marx que consiste en reconocer los factores económicos (técnicas de trabajo y de producción, relaciones de trabajo y de producción) un peso preponderante en la determinación de los procesos históricos. […] la personalidad humana está constituida intrínsecamente por dichas relaciones en la producción social de su vida […] El modo de producción de la vida material condiciona, por lo tanto, en general, el proceso de la vida social, política y espiritual. K. Marx citado en Diccionario de filosofía, de Nicola Abbagnano, p. 692.

[9] “Protagonista de este libro es la nuda vida, es decir la vida a quien cualquiera puede dar muerte pero que es a la vez insacrificable del homo sacer, cuya función esencial en la política moderna hemos pretendido reivindicar. Una oscura figura del derecho romano arcaico, en que la vida humana se incluyen el orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión (es decir de la posibilidad absoluta de que cualquiera le mate.” Giorgio Agamben, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-Textos. Valencia 1998, p 18.

[10] Consultado en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral

[11] Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención, III. Contexto y tendencias observadas A. El fenómeno de las desapariciones en México, p.3.

[12] Miguel Ángel Alvarado en Pressenza: International Press Agency, “Los infiltrados”: Ayotzinapa, extractivismo y resistencia social. En: https://www.pressenza.com/es/2021/11/los-infiltrados-ayotzinapa-extractivismo-y-resistencia-social/.

[13] Consultado en: https://aristeguinoticias.com/1606/mexico/el-mapa-del-narcotrafico-en-mexico-12-carteles-en-guerra-por-el-territorio/.

[14] Francisco Cruz Jiménez, Tierra Narca, México, Planeta, 2012, p. 46.

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