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La reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre jurisdicción militar no ha servido de mucho, no hay un solo mando militar enjuiciado ni por Tlatlaya, ni por Ayotzinapa.

Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA en Estados Unidos es la fuente más brillosa de los medios en México para calificar la investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), como “un juego de niños” frente a la investigación que llevó dos años en la DEA. Sin embargo López Obrador, esta mañana ya ha declarado que respalda al cien la investigación de la FGJ y consideró que la DEA fabricó pruebas contra Salvador Cienfuegos

También esta mañana Mike Vigil, declaró que hay pruebas contundentes para que al menos en Estados Unidos, el general Salvador Cienfuegos hubiera sido condenado a 10 años. Por lo que se negoció entre las fiscalías de México y EU para su extradición y que el general no muriera en la cárcel a su avanzada edad.

“El Padrino”, es como se referían a él, los elementos del cartel “H2” que la DEA investigaba al momento de la intervención en una comunicación, que según Mike Vigil, se hizo en Estados Unidos. También declaró que hay textos entre el H2 y Cienfuegos donde se dice que “Cienfuegos estaba protegiendo al H2 y atacando a cárteles rivales, preparando transporte” etc.

Todas las comunicaciones dan el primer indicio delictivo en EU que se refiere al delito de “Conspiración”, sin embargo aquí en México, los indicios no son pruebas. Ahora existe un vacío de derecho y una negación de la complicidad entre la cabeza militar más grande durante el sexenio peñista y el grupo delictivo identificado.

La jurisdicción civil, que tiene que ver con todo lo que el ejército hace fuera de sus cuarteles, a partir de la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, permite someter a las fuerzas armadas al escrutinio del derecho civil, sin embargo esta jurisdicción ya lo ha dejado libre de acusaciones.

Ley militar, la administra el Secretario de la Defensa y fue justamente esa Cofradía militar, la que hizo que Cienfuegos regresara a México. Si las autoridades civiles retiran los cargos, hay un desacato a los acuerdos que se hicieron por el traslado del general Cienfuegos.

A todas luces es un caso de impunidad, que pone en entre dicho la cooperación internacional en los tratados de ambos países y las limitaciones de la justicia mexicana frente al titular del Ejecutivo Federal.

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